¿La ley antifraude y sus sanciones siguen en vigor? Sí, no lo dudes.

Ante la confusión en el sector al respecto, estamos en la necesidad de profundizar en el comunicado que hizo hace unos días la Agencia Tributaria, basándonos en la literalidad de éste y nuestra experiencia como auditores.

Los principales párrafos de la ley:

“El próximo 11 de octubre de 2021 entrarán en vigor los artículos 29.2.j) y 201.bis de la Ley General Tributaria, introducidos por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (Disposición final séptima de la Ley 11/2021).”

Nuestra opinión: El párrafo primero deja claro que la ley entra en vigor a partir del 11 de octubre.


 

“…El artículo 29.2.j) establece “la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.”

Este artículo añade que “Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad”.

El desarrollo reglamentario mencionado en el artículo 29.2.j) está actualmente en curso por lo que la forma de cumplimentar las obligaciones establecidas en dicho artículo aún no está completamente definida y habrá que esperar a que el Reglamento establezca los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos o electrónicos, así como, en su caso, la forma de certificarlos…

Por tanto, hay que esperar al desarrollo reglamentario para conocer con detalle los requisitos que deben cumplir los programas y sistemas informáticos, así como, en su caso, la forma de certificación o acreditación de que se cumplen dichos requisitos.”

Nuestra opinión:  Si bien es verdad que el artículo 29.2.j) se incluye en la letra e) que como veremos después se dice que no aplicara de momento, posteriormente vamos a entender como estas dimensiones siguen siendo necesarias para cumplir con el resto de las letras, así como su anulación en concepto de sanción es meramente temporal.


 

“…El artículo 201.bis regula las infracciones por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable. 

El apartado 1 define como infracción tributaria grave la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas informáticos o electrónicos que:

a) permitan llevar contabilidades distintas en los términos del artículo 200.1.d) de esta Ley;
b) permitan no reflejar, total o parcialmente, la anotación de transacciones realizadas;
c) permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones realizadas;
d) permitan alterar transacciones ya registradas incumpliendo la normativa aplicable;
e) no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en los términos del artículo 29.2.j) de esta Ley;
f) no se certifiquen, estando obligado a ello por disposición reglamentaria, los sistemas fabricados, producidos o comercializados

Las letras a), b), c) y d) serán de directa aplicación a partir del 11 de octubre de 2021.

Las letras e) y f) exigen explícitamente un desarrollo reglamentario. Por tanto, no serán de aplicación hasta que dicho Reglamento sea aprobado y entre en vigor…”

Nuestra opinión: Los apartados a) al d) quedan SANCIONABLES desde el 11 de octubre de 2021, aplazándose la sanción del e) y f). Es decir, ¿Se sigue sancionando un software que incumpla los apartados del a) al d)? La respuesta es rotunda, SÍ.

Ahora hagámonos una pregunta, siendo el concepto de transacción desde nuestro punto de vista aquel “hecho económico”, como factura, cobro o contabilidad, ¿cómo podemos proteger nuestro software para que no permita, por ejemplo, borrar facturas de periodos cerrados o enviadas, etc. si no aplico dimensiones de integridad, trazabilidad, conservación? Es obvio que aun anulando en la sanción el apartado e, sigue siendo necesario su aplicación para poder cumplir con los apartados a) al d).


 

“…El apartado 2 del artículo 201.bis se refiere a la tenencia por los usuarios de sistemas y programas informáticos o electrónicos que no se ajusten a lo establecido en el artículo 29.2.j) de esta Ley, cuando los mismos no estén debidamente certificados teniendo que estarlo por disposición reglamentaria o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados.

Por tanto, hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario de la certificación a que alude este apartado, los usuarios no podrán ser sancionados por incumplimiento de este artículo…”

Nuestra opinión: Se paraliza temporalmente la sanción a los clientes finales del software.


 

Conclusiones

  1. ¿La ley habla que se sigue sancionando en ciertos apartados a software de facturación?
  2. ¿Se ha excluido las dimensiones del apartado e) de la ley? NO, solo se ha aplazado su sanción.
  3. ¿Las dimensiones aplican a los demás apartados sancionables? SÍ, desde el punto de vista de auditoria informática.
  4. ¿Cuánto le cuesta a una empresa aplicar controles, procedimientos de seguridad y políticas para cumplir con las dimensiones? Entre 2 y 3 meses, según la experiencia con nuestros clientes.
  5. ¿Debo esperar a empezar con la auditoria? NO.
Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en whatsapp

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¡TE AYUDAMOS!


Cláusula informativa Normativa de Privacidad

¡TE AYUDAMOS!


Cláusula informativa Normativa de Privacidad